Entrevista
10/03/2017
Dificultades y contradicciones que impiden avanzar con la Ley del Impuesto Específico sobre la realización de Apuestas
Fuente: wgm-la.com
« El 27 de Diciembre de 2016 se publicó en el boletín oficial la Ley N°27.346, a través de la cual se establece un impuesto que grava la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar del 0.75% del valor de cada apuesta. Impuesto que dejaría en terapia intensiva a la industria del juego, con la consecuencia de poner en riesgo miles de puestos de trabajo. »

Como es de público conocimiento, las leyes deben ser aprobadas por el Congreso. Puntualmente, en el caso de las leyes tributarias deben salir de la Cámara de Diputados y después pasar por la Cámara de Senadores, en este caso particular, esta Ley no fue aprobada de esta forma. Se aprobó primero en la Cámara de Senadores y después en la de Diputados contrariamente a lo que se determina en la Constitución Nacional.

Una vez aprobada la Ley, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de derogarla. Por lo que debe sacar un decreto de promulgación, lo que da lugar a que se publique en el boletín oficial y, a partir de ahí, entre en vigencia la ley. Luego, el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutarla. Y lo hace a través de un Decreto Reglamentario que establece como se llevará adelante lo que dice la Ley, es decir que este decreto es el instrumento que explica la forma en que debe aplicarse una ley o que establece los procedimientos para hacerla efectiva. Un decreto reglamentario es parte de la ley misma a la que se integra para volverla operativa. El mismo lo redacta el Ministerio de Hacienda (antes Ministerio de Economía - en el caso de Leyes Impositivas) y debe ser promulgado por el Poder Ejecutivo. En este caso en particular se le dio la facultad al Ministerio de Hacienda o AFIP para realizar el Decreto Reglamentario quienes lo van a hacer en conjunto.

Por lo tanto, una vez que sale el decreto reglamentario es decir, la Ley aprobada por los dos Congresos, promulgadas y reglamentada por el Poder Ejecutivo, tiene que salir las resoluciones generales o interpretativas que son las Resoluciones emitidas por AFIP donde, le dice al contribuyente, como van a pagar ese impuesto. Hoy estaríamos en la promulgación. Para que pueda llevarse adelante esta ley, deben estar el Decreto Reglamentario y las Resoluciones Generales que, al día de hoy, no están. Es difícil estimar para cuando puedan estar y hasta tanto no este reglamentado no hay forma de llevar adelante la ley. Como se sabe, hay mucha doctrina que dice que las leyes no son obligatorias hasta tanto no esté su reglamentación.

El problema de la reglamentación radica en cómo se va a aplicar el impuesto. En lo que refiere a la operación de máquinas automatizadas de juego de azar, existe un consenso bastante extendido en casi todas las jurisdicciones de utilizar estándares internacionales de alto nivel, que aseguren que los dispositivos de juego utilizados sean justos, seguros, y puedan ser auditados y operados correctamente, eliminando de criterios subjetivos en el análisis y certificación del funcionamiento de los mismos. De allí que los diferentes reglamentos de juego provinciales coincidan en requerir la homologación de todo el equipamiento de juego, y en particular las máquinas electrónicas, bajo normas internacionales, como la GLI-11 (GamingLaboratories International, LLC , la cual establece las normas técnicas utilizadas para la homologación de dispositivos de juego en la mayoría de las jurisdicciones alrededor del mundo).

Esto, a su vez, genera la imposibilidad fáctica de introducir cualquier tipo de alteración o modificación a nivel de software o hardware de las máquinas, que posibiliten, por ejemplo, efectuar algún tipo de retención al jugador en el momento de realizar una apuesta en una máquina electrónica de juegos de azar, ya que ello alteraría el estatus de certificación nacional o internacional adquirido. Tampoco se contaría con personal en el país para poder hacerlo.

Por esta razón y las limitaciones tecnológicas detalladas, se evalúa que, el cobro que la AFIP pretendía hacer sobre el 0,75% de cada apuesta, se implemente sobre el "CASH IN" que es el dinero que se apuesta efectivamente. Una opción que se analiza es la de efectuar el cobro en base a un porcentaje sobre el nivel del juego y simplificar así la recaudación del mismo. Pero esta modalidad complicaría de manera al operador, que sería sobre quien terminaría recayendo el impuesto que en primera instancia pagaría el apostador. Incluso el panorama podría ser más desolador dado que la Ley le da la facultad al Poder Ejecutivo de aumentar hasta en un 50% el porcentaje de retención, por lo que éste podría llegar a alcanzar el 1%. Y el broche final, a este escenario complejo, es la retroactividad con la que se cobraría, dado que se aplicaría a partir de enero de este año. Es por eso que varios operadores evalúan llevar adelante acciones legales ante tanta incertidumbre y las fallas regulatorias en esta Ley.

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