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25-09-2013 | Argentina
Loterías y Casinos de la provincia repartió responsabilidades en los controles del Hipódromo
« (Buenos Aires) El presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires le endilgó al Municipio, a la Dirección Provincial de Hipódromos y Casinos -a cargo de Luis Alberto Capellini- y a la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf la responsabilidad de controlar el estado de las instalaciones del Hipódromo de Tandil. »
 

Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez prestó declaración testimonial en La Plata, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria 2117/11, que se inició a partir de las denuncias presentadas por Jorge Francisco Cuenca.

El funcionario provincial -que se había excusado ante el fiscal Marcos Equsquiza por razones de agenda- afrontó un cuestionario de treinta preguntas vinculadas a los controles, el pago de los subsidios y el estado del circo de carreras, llevado adelante por los funcionarios de la Policía Judicial María Eugenia Buccigrossi y Gabriel Krawec.

La fiscalización

En principio, el titular de Loterías reconoció que el organismo provincial que conduce es autoridad de aplicación de la Ley 13.253 (del turf) como así también la Comisión de Seguimiento creada por la misma norma, aunque ratificó que el Estado municipal debe inspeccionar el circo de carreras a partir de la concesión.

“El control lo efectúan funcionarios de este organismo con la asistencia de agentes destacados por el hipódromo de La Plata, el que también depende de Lotería de la Provincia”, puntualizó.

Si bien Rodríguez reconoció ser autoridad de aplicación en “el desarrollo de la actividad hípica”, sostuvo que en materia de infraestructura resulta competencia de la Municipalidad de Tandil “quien adjudicó la concesión para la administración y explotación de la firma Vistas Serranas SA el hipódromo en cuestión”.

Tras mencionar el contrato, el funcionario ratificó que “le asisten a dicho Municipio las cuestiones referidas al ejercicio de contralor, sin perjuicio que también Lotería de la Provincia debe velar por las garantías respecto a la actividad que allí se desarrolla”.

Al observar fotos de la empalizada de la pista del Hipódromo de Tandil, reconoció “deficiencia y mal estado”, afirmó que “deben ser resueltas por el concesionario” y derivó en Luis Alberto Capellini y la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf la función de fiscalizar.

También descargó en la comuna la responsabilidad de inspeccionar o dar aviso a Loterías, por ejemplo, en cuanto a que el Hipódromo permanece cerrado de lunes a viernes y que se varea sin veterinario ni servicio de emergencias médicas.

Los subsidios

En relación al pago de los subsidios, el presidente de Loterías declaró que a pesar de las denuncias por el mal estado de las instalaciones “nunca se suspendió el pago porque de los agentes fiscalizadores que se hubieren constituido en las reuniones hípicas no se desprenden informes denunciando tales anomalías” y explicó que en caso contrario “hubiere obligado en una primera instancia a intimar la regularización de dicha situación y en ese caso, proceder en consecuencia”.

Según consta en la causa, Vistas Serranas SA informó que entre 2006 y 2008 no abonó el canon municipal debido a que Loterías y Casinos no efectivizaba el subsidio o lo demoraba. Es ese punto, “Piedrita” Rodríguez se comprometió a remitir información para acreditar las fechas en que se extendieron los pagos a la empresa o a la Municipalidad desde la reapertura del Hipódromo y los comprobantes.

Según el funcionario, sólo “faltas graves” ameritan una suspensión del envío de la contribución provincial. Como ejemplo, mencionó problemas de infraestructura que impidan el desarrollo de las reuniones hípicas o la falta de controles antidoping que dependen del Instituto Provincial de Loterías y Casinos y que desarrolla la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unicén.

Además, consignó que “los subsidios son materia de control por parte de la Comisión de Seguimiento que establece la Ley 13.253, integrada por representantes de las distintas instituciones vinculadas a la actividad hípica, y cuya conformación también comprende la participación de dos representantes del Senado y de la Cámara de Diputados provincial”.

“Piedrita” Rodríguez admitió que esas mismas “faltas graves” podrían determinar el cese del contrato de concesión. Así lo establece el artículo 32 de la normativa provincial: “Las infracciones a la presente ley o su reglamentación, así como la atención deficiente, falta de operatividad o baja rentabilidad, debidamente fundadas y comprobadas, podrán ser sancionadas con hasta la caducidad de la autorización o concesión, sin perjuicio de las infracciones establecidas por el Decreto-Ley 8031/73 (Código de Faltas)”.

Además, ratificó que el 60 por ciento del subsidio debe destinarse a los premios para propietarios de caballos y el 40 por ciento a infraestructura, tecnología y desarrollo comercial.

El veedor

Otra de las pruebas fundamentales de la investigación son los informes elevados por el veedor municipal, el veterinario Horacio Oscar “Tato” Rodríguez, quien entre 2008 y 2010 alertó sobre irregularidades que observó durante la reuniones hípicas.

En ese aspecto, el presidente de Loterías confirmó que le advirtió -mediante una nota- al Intendente la “necesidad y obligación” de designar un veedor durante las carreras, debido “a las circunstancias de reiteradas denuncias sobre hechos acaecidos en dicho hipódromo, bajo apercibimiento de adoptar medidas entre las que se consideraría la eventual suspensión de asignación de subsidios”.

En distintos documentos, el veedor había comunicado a los funcionarios municipales Carlos Fernández, Juan Pablo Frolik, Gabriel Bayerque y Helena Berestain el mal estado de la pista, del tatteresall (boxes donde se alojan los caballos que llegan a correr), que tenía lugares “vedados” a la hora de cumplir con sus tareas, que no había servicio veterinario ni ambulancia durante el horario de vareo y que se realizaban las carreras concertadas (según el presidente de Loterías, la Ley 9.233 faculta a los municipios tienen potestad para organizarlas o delegarlas en terceros).

“Piedrita” Rodríguez aludió que no recordaba haber tomado contacto con los documentos del veedor y deslindó la primera responsabilidad sobre la Dirección Provincial de Hipódromos. De todos modos, dijo que requeriría los datos para certificar si estaba informada.

Argumentó que “en tanto y en cuanto las causales que surgen de los informes no comprometieran el desarrollo de la actividad, se privilegia que la misma se lleve a cabo por cuanto es generadora de innumerables puestos de trabajo”, ya que muchos de los haberes de los trabajadores dependen de si se realiza o no el evento hípico.

De todos modos, puso como prioridad “la garantía de preservación de la integridad física tanto de los que participan de dicha actividad como de los concurrentes a dicho espectáculo”.

En cuanto a la suspensión del subsidio, indicó que “a los fines de resolver el pago o no” o de tomar “medidas disciplinarias o sanción, las actuaciones deben llegar a esta presidencia con los debidos argumentos que sustenten la adopción de dicha medida”.

Las instalaciones

En otro pasaje de la testimonial, el titular de Loterías y Casinos consideró que “toda obra que deba realizarse en función de garantizar la seguridad de quienes participan en la actividad concesionada, en un predio como lo es el Hipódromo de Tandil y que pudieran poner en riesgo la integridad física de las personas y/o de los caballos sangre pura de carrera que participan en las reuniones hípicas, resulta inherente a las tareas de infraestructura que deben ser contempladas, tanto por el concesionario como verificadas por quienes ejercen el poder de policía y actuar en consecuencia”.

También dejó en claro que al momento de la reapertura del Hipódromo (marzo de 2006) la empalizada “se encontraba en óptimas condiciones”, aunque indicó que pudo haber deterioro “por el paso del tiempo o por la desidia” de los encargados del mantenimiento.

Las respuestas pendientes

En el transcurso de su declaración, Jorge Rodríguez se comprometió a aportar documentación tendiente a responder a varios requerimientos del fiscal Egusquiza, como los comprobantes de los pagos de los subsidios desde la reapertura del circo de carreras e informes de las inspecciones realizadas por la Dirección Provincial de Hipódromos y Casinos ante las denuncias por el estado de la empalizada y de la pista.

Declaró que solicitará los antecedentes de los informes del veedor municipal para comprobar si fueron presentados ante la Dirección de Hipódromos, así como también los resultados de los peritajes realizados sobre la pista y los materiales que la componen.

Otra de las cuestiones que no pudo saldar fueron el estado del stud y del hotel de tránsito -inversiones que debía realizar Vistas Serranas- que son deficientes según las descripciones del veedor y de los técnicos de La Plata.

Entre otra documentación, afirmó que aportará a la causa las rendiciones de los subsidios que haya presentado Vistas Serranas, ya que las actuaciones del control del gasto le corresponderían a la Dirección Provincial de Loterías y Casinos y deben ser aprobadas por la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf.

Además, señaló que solicitará los detalles del accidente del 3 de diciembre de 2011, durante el armado del escenario del Indio Solari, cuando murió un caballo atravesado por una empalizada.

“Es inadmisible justificar que funcione con una sola empleada”

Otro de los aspectos llamativos sobre el funcionamiento de la concesión es que Vistas Serranas acreditó tener sólo un empleado en relación de dependencia para atender las distintas tareas.

Sobre este aspecto, Jorge Norberto Rodríguez puntualizó que “un hipódromo como el de Tandil, que realiza una reunión por mes donde se llevan a cabo aproximadamente entre 8 y 10 carreras, no puede funcionar con un plantel inferior a los 18 ó 20 empleados. Es inadmisible justificar que funcione con una sola empleada”.

Y agregó que si el resto de los trabajadores “no tiene relación contractual con la firma, corresponde a una irregularidad que, detectada, debe ser denunciada ante el Ministerio de Trabajo”.

Si bien es imposible comparar -con diez reuniones mensuales y receptor de apuestas los 365 días del año-, precisó que el hipódromo de La Plata tiene unos 530 empleados bajo la órbita del Estado provincial y San Isidro -concesionado al Jockey Club Argentino- dispone de 650.

 
 
 
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