Noticia
02-10-2017 | Argentina
Ley de Acceso a la Información Pública comienza a regir en Argentina
Fuente: wgm-la.com/mundo.sputniknews.com
« Entró en vigor en Argentina la Ley nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, un proyecto sancionado por el Congreso en septiembre de 2016 que obliga a los tres poderes del Estado a responder a las solicitudes de información presentadas por cualquier ciudadano en un plazo máximo de 30 días. »
 

La normativa también extiende la obligación de aportar los datos requeridos al Ministerio Público Fiscal y al de Defensa, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Consejo de la Magistratura, organismo que evalúa el desempeño de los jueces.

También están alcanzadas por esta legislación las empresas con mayoría o con participación minoritaria del Estado; aquellas que brinden servicios públicos; partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier otro establecimiento que reciba fondos públicos; fideicomisos y operadores de juegos de azar.

Ante cualquier requerimiento de información, la institución interpelada debe responder en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15.

Suspicacias

Seis organizaciones civiles manifestaron en un comunicado esta semana su preocupación por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 746/17) del presidente Mauricio Macri "que recorta la autonomía" de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), dependiente de la jefatura de gabinete de ministros.

"El art. 12 del decreto eliminó la facultad de la Agencia de 'diseñar su estructura orgánica' como disponía la ley, y ahora sólo podrá 'elaborar y proponer para su aprobación, el diseño de su estructura orgánica'", dice la nota.

En añadido, el decreto también presenta "un serio problema en términos de constitucionalidad y de legitimidad democrática", al otorgar a la AAIP "la facultad de actuar como autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326- sin fundamentar en forma concreta y acabada la necesidad y la urgencia de tales reformas".

La Constitución ya prevé un trámite legislativo ordinario para la sanción de las leyes, así que con esta disposición del decreto, se saltea "el debate democrático necesario para reformas de trascendencia institucional", indicaron las agrupaciones.

"La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto", añadieron al pedir que el Congreso declare constitucional el DNU.

 
 
 
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